La policía local, los inspectores de obras, y los políticos encargados de vigilar que la Ley se cumpla han mirado para otro lado, hasta que existió una denuncia.
Las viviendas supuestamente ilegales, han recibido todos los servicios, excluido el de telefónica que se negó a prestar el servicio telefónico , hasta que no tuvieran la legalidad vigente al día.
Dónde está Fiscalía, dónde está la Guardia Civil, como dicen viejas canciones en el fondo del mar mirando las estrellas.
El noventa y cinco por ciento de todas las edificaciones , nos atrevemos a decir ,en España, presentan graves irregularidades o son ilegales al igual que ocurre con las licencias de apertura que tardan años en concederse a pesar de estar los establecimientos abiertos al público. La entrada en vigor de la directiva 123/2006/CEE, y la aplicación de la ley ómnibus y paraguas de nada sirven , puesto que la administración sigue sin aplicar el mandato legal escrito en el papel.
Nos cuentan que andan luchando contra la corrupción, y más se parece a un cuento de caperucita roja que a una realidad. Mientras nuestra clase política no responde a nuestro encargo electoral, ni mucho menos a cumplir con el ordenamiento jurídico vigentee , aparece un caso de los que todos conocemos en el que en una enorme parcela se ha dejado construir en zona ajardinada o verde, se ha permitido que cientos de vecinos honestos compren sus viviendas habituales hipotecándose de por vida y que éstas carezcan de legalidad que les ampare. Si todo esto es grave, más grave es la actuación de los funcionarios y representantes políticos que tienen encargada la función de velar por la cosa pública. En ponteareas se da una muestra más de lo que ocurre en esta España de la nueva casta política --los nuevos ricos sin trabajar--, se ha permitido que los edificios se levanten en la más plena ilegalidad , se ha permitido que los vecinos vayan a una notaría y materialicen la compraventa de algo ilegal, se ha permitido que comerciantes de buena fe, inviertan todo su tiempo y negocio en crear riqueza para que luego le ocurra como al negocio de la foto: llegue la policía local y le precinte el negocio, por haber existido una denuncia por ruidos. Ahora a quién le toca responder, lógicamente a los políticos de turno a los responsables en su momento y muy especialmente a los que tienen la obligación legal de vigilar que se cumpla la normativa vigente, cosa que todo nuestro sistema obvia sin exigir responsabilidades a nadie. Si a esto se le une que nuestros entes públicos ni responden como haría cualquier ente privado sujeto al derecho en igualdad de condiciones, el desmadre de delitos e ilegalidades está servido y premiado por todos los que tienen obligaciones de hacer que se cumplan nuestras leyes. Los sofistas decían: "Las leyes están hechas por los poderosos para dominar a los débiles" en el estado de derecho de España, es una realidad, y yo quiero añadir aquello de que tendrás tanta justicia como dinero tengas para pagarlo, hoy todo en manos de la nueva casta política que ha arruinado la gran herencia que nuestros antepasados nos han legado, una panda de sinverguenzas a los que hay que poner coto.
Autor : José Carlos Piñeiro, Periodista Dtor. de la Vozperiodistica. com
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