El 28 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo notifica la sentencia que ilegaliza a Batasuna, Euskal Herritarrok y HB, y ordena el cese inmediato de sus actividades. Se cierra así el proceso puesto en marcha el 26 de agosto de 2002, cuando el Congreso instó al Tribunal Supremo a que dejara fuera de la ley al partido independentista. De forma paralela, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, decretó la suspensión de las actividades y el cierre de las sedes de la formación. La Fiscalía General del Estado también pidió la ilegalización de Batasuna por ser el brazo político de ETA.

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