La UMD de la Guardia Civil: El estado no ha zanjado su deuda.

 La UMD de la Guardia Civil: el Estado no ha zanjado su deuda

Forma parte de la historia de la transición española de la dictadura a la democracia la actividad desarrollada para democratizar el ejército por un grupo de mandos, tres comandantes y nueve capitanes, que crearon una organización clandestina denominada Unión Militar Democrática, que pretendía un cambio en el Ejército a favor de la incipiente democracia.

La UMD nació en 1974 alentada por la revolución de los claveles en Portugal, fue desarticulada con detenciones de varios de sus dirigentes en el verano de 1975, nueve de sus dirigentes recibieron condenas de años de cárcel y siete de inhabilitación y expulsión del ejército, en 1976. La UMD se auto disolvió en 1977 tras las primeras elecciones democráticas de junio de dicho año.

En 2010 catorce miembros de la UMD recibieron la Cruz al Mérito militar y aeronáutico por su colaboración y valentía en la transición a la democracia en España.

En abril de 2002, el diputado socialista Carlos Sanjuan, ex miembro de UMD y amigo de uno de sus fundadores, el comandante Julio Busquets, planteó una proposición no de ley para reconocer la labor de la UMD en la llegada de la democracia que fue derrotada por la mayoría absoluta del PP.

En 2009 el Congreso aprobó una moción reconociendo la labor por la democracia de los miembros de la UMD, el Consejo de ministros en diciembre del mismo año aprobó una declaración publicada en el BOE y en el Boletín Oficial de Defensa, reconociendo la participación de los miembros de la UMD en la democratización del Ejército y la persecución de que fueron objeto sus miembros por vías judiciales y extrajudiciales.

En 2010 catorce miembros de la UMD recibieron la Cruz al Mérito militar y aeronáutico por su colaboración y valentía en la transición a la democracia en España, lo que algunos pagaron con encarcelamientos, condenas y expulsiones. Con estas medidas, el Estado zanjaba una deuda contraída con estos demócratas.

En la Guardia Civil el Estado no ha zanjado su deuda

Llegada la democracia y con el nacimiento de sindicatos en la Policía Nacional, un grupo de guardias civiles entendió que la Constitución permitía la creación de organizaciones profesionales en su seno. Acontecimientos políticos se cruzaron en su camino, la llegada de José Luís Corcuera a Interior y la disputa entre Felipe González y Nicolás Redondo llevó a UGT a apoyar el movimiento asociativo clandestino en la Guardia Civil (al que hasta entonces se había opuesto, según manifestaban sus líderes nacionales a dirigentes del sindicato policial mayoritario), y desde Interior se desataron todas las hostilidades contra ellos.

La persecución contra estos demócratas en la Guardia Civil se enmarcó en la denominada “operación Columna” que llevaron a cabo miembros de la lucha contraterrorista del Cuerpo con infiltración en el movimiento, difusión de noticias falsas como si fuesen emitidas por ellos, compra y manipulación de periodistas y un conjunto de actividades ilegales que llevaron a prisión a decenas de dirigentes de las organizaciones UDGC y SUGC, sometimientos a juicios militares acusados de sedición que no prosperaron y expedientados con posterioridad, por lo que resultaron expulsados varios de ellos, algunos consiguieron el reingreso y cuatro de ellos siguen expulsados hoy.

El Tribunal Constitucional reconoció años después que cuando ellos quisieron crear asociaciones profesionales estaban protegidos por la Constitución, pero ya estaban expulsados y los responsables (Felipe González, Narcís Serra, José Luís Corcuera y Luís Roldán) no han pagado por ello.

En 2009 UPyD presentó proposición no de ley para su reingreso, siendo aprobada por unanimidad, lo que no llevó al Gobierno socialista que había llevado a cabo el reconocimiento para los mandos “Umedos” a mover ficha para los “Umedos” de la Guardia Civil, quizás porque estos tenían una categoría militar bastante inferior.

En 2016, algunos de los afectados crearon una asociación, Colectivo Democrático de Policías y Guardias Civiles, en siglas GUCIPOL, con el objetivo fundacional de defender derechos humanos y libertades públicas, que ha asumido como primer objetivo de su trabajo conseguir el reingreso o reconocimiento de los expulsados.

GUCIPOL ha remitido escrito a los grupos parlamentarios y se ha aprobado una nueva proposición no de ley, a propuesta de Cs y con los votos en contra del PP; el grupo de UPodemos ha presentado una proposición no de ley rechazada por la mesa por defectos de forma; la responsable del grupo socialista, Margarita Robles, se ha comprometido a estudiar la forma legal válida para el reingreso, y AUGC ha encargado un informe a su gabinete jurídico tendente a buscar una solución legal al asunto, solución legal que en mi opinión pasa por la voluntad política de quien ocupe el Gobierno, y que sea el PP en este momento no es una garantía de una visión que beneficie a los afectados.

En fechas recientes, los tres expulsados con vida han elaborado una carta-Manifiesto que está siendo remitida a todas las asociaciones y sindicatos profesionales, de clase, partidos políticos y otras organizaciones para que sean conscientes de que existe este asunto pendiente. Ese escrito merece ser transcrito aquí en su integridad.

Manifiesto por el reingreso en la Guardia Civil: Carta abierta de tres guardias civiles expulsados

En la década de los 80 del siglo pasado, años después de aprobada la Constitución Española y tras el proceso iniciado en el Cuerpo de Policía Nacional (con legalización de sindicatos en 1984 manteniendo la estructura y el carácter militar), miembros de la Guardia Civil consideraron que podía legalmente iniciarse el mismo proceso de modernización en la Benemérita.

Mientras en la Policía se cambiaba la legislación y se desmilitarizaba, redundando ello en mayor eficacia en su prestación del servicio a la ciudadanía, en la Guardia Civil se produjo la reacción contraria, perseguir, encarcelar y expulsar a quienes promovían un movimiento asociativo. Acusaciones de sedición ante tribunales militares fueron descartadas por las autoridades judiciales. Expedientes gubernativos internos se tramitaron contra decenas de miembros de la Guardia Civil, que se fueron resolviendo con jubilaciones o reingresos al servicio activo, incluso tras permanecer muchos de ellos distintos periodos de tiempo en prisiones militares.

El Tribunal Constitucional señaló años después que los miembros de la Guardia Civil tenían derecho a crear asociaciones profesionales; la persecución a la que fueron sometidos quienes creamos la UDGC (Unión Democrática de la Guardia Civil) o el SUGC (Sindicato Unificado de la Guardia Civil) se había producido por defender nosotros el desarrollo de un precepto constitucional. Con posterioridad al encarcelamiento, expedientes, salidas y expulsiones provocadas para tratar de impedir lo que la norma fundamental reconocía, la Constitución se impuso y fueron naciendo asociaciones diversas que hoy existen en plena legalidad, cumpliendo su función de representar a sus socios y defender sus intereses.

Nosotros seguimos pagando las consecuencias de haber defendido lo que la Constitución reconocía y hoy está normalizado en la vida diaria de la Guardia Civil. Han pasado casi 30 años y seguimos expulsados de la Guardia Civil, Cuerpo al que quisimos servir modernizándolo con el nacimiento de organizaciones profesionales en su seno, como es propio en cualquier democracia. Se ha comprobado que no éramos locos, ni enemigos de la Guardia Civil sino que planteamos unos años antes de tiempo aquello que después se materializó con plena normalidad.

Somos el Sargento Primero José Morata Gargallo, el Cabo Primero Manuel Rosa Recuerda, y el guardia civil José Piñeiro González. Seguimos expulsados por tratar de crear asociaciones profesionales que se crearon pocos años después, y que la Constitución reconoce y reconocía ya como un derecho cuando nosotros lo pedíamos. Creemos que la democracia ya ha sido suficientemente injusta con nosotros. Pedimos que se remuevan los obstáculos legales que impiden nuestro reingreso en la Guardia Civil, así como el reconocimiento, a título póstumo, del reingreso del cuarto guardia civil expulsado, ya fallecido, Manuel Linde Falero.

No abdicamos ni renunciamos a ninguno de los valores y principios que nos movieron a hacer lo que hicimos. Los hechos posteriores, con sentencias del Tribunal Constitucional y la existencia y desarrollo de asociaciones profesionales nos han dado la razón. Ni merecimos ser perseguidos como terroristas entonces ni merecemos seguir expulsados ahora. Queremos morir siendo miembros de la Guardia Civil.

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Logopedia Jurídica

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor,la electricidad y la energía atómica: "La voluntad". Albert Einstein.

Jose Piñeiro Logopeda Juridico y Director de EIAFORMACION 

Enlace al Aula Virtual. https://eiaformacion.milaulas.com/

Una titulación no hace una profesión sino que, sirve para muchas otras.

El cerebro humano es un órgano complejo, con el maravilloso poder de lograr que el hombre pueda encontrar razones para seguir creyendo lo que él quiere creer.

Hablamos hoy de la ¨Logopedia Jurídica”,  tratando de situarnos con los pies en el suelo y yendo contra corriente de algunos profesionales, y colegios profesionales que creen que todavía existen compartimentos estancos, --monopolios-- que nos recuerda cuando cada médico tenía una enfermera para que escribiera. Es hora de situarnos en el nuevo siglo y especialmente en los nuevos paradigmas de las profesiones. Reclamar y dar excelencia, eficacia y eficiencia.

Los Logopedas Jurídicos como muchos otros profesionales –Criminólogos, Pedagogos, Psicopedadogos, Psicólogos, Educadores Sociales, Trabajadores Sociales etc--, están ahí, para ser los ojos de los jueces, para ilustrar, asesorar teniendo como base el método científico, y aportar, en las áreas del derecho sus conocimientos técnicos para dar a la justicia legitimidad y un plus de garantía de que el derecho no es palabrería o simples declaraciones, sino, cientificismo con postulados validos, fiables y replicables.

Dentro del campo de la Logopedia jurídica se hallan entre otros muchos, la mediación, un instrumento potente y sobre todo de prestigio en cualquier sociedad democrática que se precie, como dice algunos célebres profesionales estadunidenses: “La profesión de mayor prestigio del mundo”; ámbitos que algunos profesionales todavía ni entienden, ni conocen, lo que nos muestra que no se han hecho bien los deberes de nuestra reforma de grado, siendo por lo tanto un fracaso sin paliativos.

Para continuar, primero  lo primero, no hay exclusividad de titulación alguna en estos ámbitos, --Jurídico, legal, forense, victimología, penitenciaria, testimonio, memoria-- cualquier titulado con preparación adecuada puede ejercer de perito ante cualquier tribunal ante el que sea requerido. El interesado, cliente, paciente elige al profesional en el que más confíe, en el más idóneo, esté colegiado o asociado o no lo esté. No debiendo despreciar la acreditación académica, muy al contrario es una garantía de calidad, pero tampoco se debe desacreditar la experiencia, debemos tener en cuenta que el perito se define de la siguiente manera:  la persona especialmente cualificada en razón de sus conocimientos en materias que no son conocidas con tanta precisión, por las demás personas de su mismo nivel cultural y social.

Seguimos para mayor abundancia dejando una pequeña idea del intrusismo, que sin ánimo de extendernos, es aquella norma que protege un bien jurídico especialmente protegido o a proteger, como puede ser la vida,--nada más que la vida-- éste es el único y exclusivo bien que permite acusar a alguien de ejercer actos ilícitos, sin tener acreditación alguna sea de formación reglada o no reglada, cuestión que ciertos gremios caducos y sin sentido comunitario y del bien común utilizan de forma torticera para situarse en el mercado  conculcando los principios básicos de nuestra economía libre de mercado y nuestros derechos humanos constitucionales. Esto nos hace recordar lo que decía Ginés de los Rios –Escuela Ilista-- sobre las profesiones y profesionales: “Son todas iguales, tanto universitarias como profesionales o aprendidas con la experiencia”. Un mecánico es tan profesional como un médico o como cualquier otro profesional titulado.

Con los fondos de reconstrucción nacional que la UE nos va dotar por la epidemia del COVID-19, se abre otro reto de envergadura que se ciñe a que la UE, nos va a permitir librar fondos siempre y cuando cumplamos de una vez por todas con la normativa de la Unión Europea –no somos un país fiable-- que hace años ya debía ser aplicada en España. Ejemplo de ello va a ser el nuevo mapa de nuestros municipios, el cumplimiento real de las leyes ómnibus y paraguas, y los cambios en las profesiones y en los colegios profesionales, situación que trae de los nervios a gremios y direcciones de estas entidades que van a verse obligadas a situarse en otro terreno muy distinto del actual, y que tendrá que redundar en una buena gestión en beneficio de los colegiados que les pagan. Buena prueba de ello es la rapidez en firmar convenios para unirse con privilegios a los nuevos modos de ver el mundo y la sociedad.

Consideramos al Logopeda Jurídico como agente activo en el mundo del derecho, en la resolución de los casos judiciales, cuestiones que sin duda ocupan a éstos y a los juristas y a otros profesionales de estos ámbitos. La ley y el derecho afectan a todos, y más a los que se ocupan de la educación, de la salud y de las personas. Con estas claves es necesario destacar la Logopedia Jurídica, como una práctica sanitario-educativa que se desenvuelve en un ambiente institucionalizado, organizado, y sistematizado por las leyes y reglas que se visan regularmente  en trabajo y beneficio de la sociedad para la mejor contribución en la resolución de problemas legales y de la paz social.

Para terminar, señalar que el Logopeda actúa en todos las áreas o ámbitos de la sociedad, en contextos esenciales y diferentes y lo hace con planteamientos científicos desde la perspectiva Biopsicosocial y participa con gran acierto y responsabilidad, tomando como base siempre a las personas, la sociedad y los derechos humanos, con clara vocación de hacer una sociedad democrática y en libertad, apoyando los pilares básicos de cualquier estado de derecho: “La salud y la Educación”.

Para finalizar Ya, la Logopedia  Jurídica es un ámbito más del profesional de la Logopedia, --Legal, forense, mediación, victimología, testimonio, memoria, penitenciarías etc--, las próximas reformas que se lleven a cabo en el marco de la regulación profesional deben ir encaminadas a igualar a todas las profesiones y profesionales, cumplir con las resoluciones del Servicio Nacional del Mercado y de la Competencia y de la jurisprudencia Europea y nacional, poniendo fin a un montón de profesiones reguladas que en nada deben estar al no proteger un bien jurídico especialmente protegido como es la vida, ni entrar en los pilares del estado, como son la Salud y la Educación, salvo éstos ningunos.

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